lunes, 19 de agosto de 2019

Derecho a la alimentación e inseguridad alimentaria

Alimentación y seguridad alimentaria. (Resumen del articulo: RICOS FLACOS Y GORDOS POBRES. LA ALIMENTACION EN CRISIS. Patricia Aguirre. Claves para Todos. Colección dirigida por José Nun. Editorial Capital Intelectual . Buenos Aires 2004.

Cuando hablamos de alimentación el sentido común nos lo presenta como una necesidad biológica y natural. Esta postura nos hace perder de vista que la alimentación es un acto social y cultural que se va moldeando desde el nacimiento de la persona, que puede ir cambiando con la edad y que está influenciado por múltiples factores como: el nivel socio económico, la cultura alimentaria familiar, condiciones fisiológicas especificas, la región en que se vive, la posibilidad de acceso a alimentos de otras regiones, entre múltiples factores más.
Resulta importante tener en cuenta que la alimentación saludable, entendida como ¨...la que nos aporta los nutrientes y la energía que necesitamos para mantenernos sanos en todas las etapas de la vida¨ (Ministerio de salud y desarrollo social), para cumplirse efectivamente requiere que seamos educados en cuáles son los aspectos fundamentales para tener una alimentación saludable. Pero también, uno de los límites más importantes a la hora de acceder a una alimentación saludable es la posesión o no de recursos económicos y materiales que nos permitan adquirir los productos necesarios. Carecer de esos recursos será uno de factores que explicará la inseguridad alimentaria.

La situación Argentina
La seguridad alimentaria depende del cumplimiento de cinco condiciones:
Suficiencia es decir la existencia de alimentos en cantidad y variedad para cubrir las necesidades de toda su población ,
Estabilidad o la posibilidad de cubrir las variaciones estacionales de manera de asegurar
un flujo constante de alimentos a lo largo del tiempo.
Autonomía es la posibilidad de producir en el país todos los alimentos que se consumen o reduciendo al mínimo la dependencia de los recursos externos (que entre nosotros solo
operaría para frutas tropicales y café).
Sustentabilidad para que la forma en que se producen los alimentos hoy no comprometa el abastecimiento en el futuro y
Equidad o acceso para todos a los alimentos.
El no cumplimiento de alguna o algunas de las anteriores condiciones generará la posibillidad de que exista inseguridad alimentaria en la población o en determinados sectores de ella. En Argentina, al igual que en el mundo, las tres primeras están aseguradas mientras que la sustentabilidad esta cuestionada, debido al agotamiento de las pesquerías como el reciente colapso de la merluza hubsi, la pérdida de bosques y humedales, la contaminación de los acuíferos con agroquímicos y las denuncias por degradación de suelos ante la aplicación del paquete tecnológico que acompaña la soja. Mientras que la equidad, es decir, que toda la población, y sobre todo los más pobres, tengan acceso a una alimentación socialmente aceptable, variada y suficiente para desarrollar su vida, es una meta a lograr .

Para estudiar la seguridad alimentaria en Argentina hay que superar la vieja representación del país como “granero del mundo”. Durante muchos años el ciudadano común se convenció que no podía haber hambre en el país porque había disponibilidad excedentaria (hoy podríamos brindar a cada habitante 3181 kilocalorías por día, si la distribución fuera equitativa). Pero como la inseguridad alimentaria pasa por las condiciones del acceso, debemos estudiar la capacidad de compra  de los consumidores y las acciones del Estado para entender por qué algunos pueden y otros no pueden comer. Un aspecto importante, al considerar el caso argentino es que el 90% de la población vive en ciudades donde la autoproducción de alimentos está limitada por el espacio, por lo tanto, el acceso a alimentos depende en gran medida del mercado y del estado. Del mercado a través de la capacidad de compra (la relación entre los precios de los alimentos y de los ingresos de las personas) y del estado a través de las políticas públicas que inciden sobre precios e ingresos o actúan a través de políticas asistenciales compensando su caída. A estos componentes del acceso a nivel de la sociedad en su conjunto hay que sumarles las estrategias de consumo en el nivel de los hogares.

Rol del estado en la accesibilidad alimentaria: políticas públicas
Partimos del concepto de que el Estado debe cumplir la tarea de garantizar los derechos de los ciudadanos. En este sentido, el Estado puede cumplir una función muy importante a través de políticas que aseguren el acceso a una alimentación saludable y suficiente, es decir, por medio de acciones específicas que tiendan a disminuir el conflicto en torno al acceso a alimentos en sectores sociales específicos. Para ello, es necesario que desarrolle políticas públicas en las que trabajen en colaboración varios ministerios y realice acciones específicas tanto en la producción como la distribución y el consumo (y los efectos de éste), de manera de transformarse en una verdadera política de estado.

Lograr políticas públicas que permitan acceder a una alimentación adecuada requiere también que los funcionarios públicos presten atención a cómo las políticas económicas afectan indirectamente la alimentación al afectar la capacidad de compra de los ciudadanos. Esto significa que, si aumenta el desempleo, el gasto de los hogares (por pago de servicios y precios de alimentos en ascenso) y el consumo de alimentos importados o de alimentos de peor calidad, pero más baratos, las personas que tengan menos dinero para comprar, en consecuencia, accederán a menor cantidad de alimentos y de menor valor nutricional. Es necesario que el Estado asuma la responsabilidad frente al derecho a la alimentación de las personas a través de políticas que ataquen las causas que generan una peor calidad de vida de los miembros de la sociedad. Esto significa que las políticas que se focalizan en mejorar algunas situaciones específicas generaran un alivio momentáneo pero no lograrán resolver el problema fundamental en las situaciones históricas que se caracterizan por el aumento de la pobreza, es decir, no podrán garantizar  los derechos de los ciudadanos a una alimentación saludable y una calidad de vida que pueda desarrollarse en todo su potencial.

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